PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN
Objeto y finalidad
del procedimiento por intimación. Presupuestos. Análisis del Título Ejecutivo.
Órgano Jurisdiccional Competente. Admisión e inadmisibilidad de la demanda.
Pruebas. Medidas cautelares. Decreto de intimación. Sustanciación del
procedimiento. Oposición del intimado
Artículo
640
Cuando
la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de
dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble
determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del
deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de
ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el
presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté
presente en la
República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse,
o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.
Artículo
641
Sólo
conocerá de estas demandas, el Juez del domicilio del deudor que sea competente
por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia,
salvo elección de domicilio. La residencia hace las veces de domicilio respecto
de las personas que no lo tienen conocido en otra parte.
Artículo
642
En
la demanda se expresarán los requisitos
exigidos en el artículo 340 de este Código. Si faltare alguno, el Juez ordenará
al demandante la corrección del libelo, absteniéndose entre tanto de proveer
sobre lo pedido. De esta resolución del Juez se oirá apelación libremente, la
cual deberá interponerse de inmediato o dentro de los tres días siguientes.
Artículo
643
El
Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos
siguientes:
1° Si faltare alguno de los requisitos exigidos
en el artículo 640.
2° Si no se acompaña con el libelo la prueba
escrita del derecho que se alega.
3°
Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o
condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga
presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la
condición.
Artículo
644
Son
pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior: los
instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas,
admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio,
pagarés, cheques y cualesquiera otros documentos negociables.
Artículo
645
Cuando
la demanda se refiere a la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles, el
demandante deberá expresar en el libelo, la suma de dinero que estaría
dispuesto a aceptar si no se cumpliera la presentación en especie, para la
definitiva liberación de la otra parte. En este caso, si el Juez considera
desproporcionada la suma indicada, antes de proveer sobre la demanda podrá
exigir al demandante que presente un medio de prueba en que conste el justo
precio o el precio corriente de la cosa.
Artículo
646
Si
la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado
reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras
de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el
Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes
muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes
determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o
compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La
ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos
de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.
Artículo
647
El
decreto de intimación será motivado y expresará: El Tribunal que lo dicta, el
nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la
deuda, con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que deben ser
entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado
conforme a lo dispuesto en el artículo 645 y las costas que debe pagar; el
apercibimiento de que dentro del plazo de diez días, a contar de su intimación,
debe pagar o formular su oposición y que no habiendo oposición, se procederá a
la ejecución forzosa.
Artículo
648
El
Juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado, pero no
podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante, una
cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda.
Artículo
649
El
Secretario del Tribunal compulsará copia de la demanda y del decreto de
intimación y la entregará al Alguacil para que practique la citación personal
del demandado en la forma prevista en el artículo 218 de este Código.
Artículo
650
Si
buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al Juez,
expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado, y éste
dispondrá, dentro del tercer día, que el Secretario del Tribunal fije en la
puerta de la casa de habitación del intimado, o en la de su oficina o negocio,
si fueren conocidos o aparecieren de los autos, un cartel que contenga la
transcripción íntegra del decreto de intimación. Otro cartel igual se publicará
por la prensa, en un diario de los de mayor circulación, en la localidad, que
indicará expresamente el Juez, durante treinta días, una vez por semana. El
secretario pondrá constancia en el expediente de todas las diligencias que se
hayan practicado en virtud de las disposiciones de este artículo, y el
demandante consignará en los autos los ejemplares del periódico en que hubieren
aparecido los carteles.
Cumplidas
las diligencias anteriores, si el demandado no compareciere a darse por notificado
dentro del plazo de diez días siguientes a la última constancia que aparezca en
autos de haberse cumplido las mismas, el Tribunal nombrará un defensor al
demandado con quien se entenderá la intimación.
Artículo
651
El
intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su
notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649, a cualquier hora de las
fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192. En el caso del
artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los diez
días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente
indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición
dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Artículo
652
Formulada
la oposición en tiempo oportuno por el intimado o por el defensor, en su caso,
el decreto de intimación quedará sin efecto, no podrá procederse a la ejecución
forzosa y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda,
la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de
las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de
la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites del
procedimiento ordinario o del breve, según corresponda por la cuantía de la
demanda.
Exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil:
III. DEL PROCEDIMIENTO POR INTIMACION
El
procedimiento de intimación que cuenta ya con una larga tradición en Alemania
en Austria y más recientemente en Italia desde 1942, trata de lograr'
fundamentalmente, en forma rápida la creación del título ejecutivo, por el
sistema de inversión de la carga del contradictorio, el cuál queda ahora a
iniciativa del demandado.
Mientras
según el modelo ordinario, el demandante tiene en todo caso la iniciativa del
contradictorio, mediante la citación del demandado para la contestación, en el
nuevo procedimientos el contradictorio resulta eventual y tendrá vigencia en
tanto el demandado expresamente la provoque aduciendo su oposición y haciendo
pasar así el asunto al juicio ordinario,
Son
conocidas de todos las circunstancias en que se desarrollan infinidad de
procesos, seguidos por el juicio ordinario, en los cuáles frecuentemente el
demandado no tiene ninguna razón seria que hace valer y se abstiene de
comparecer a la contestación quedando contumaz, continuando en su ausencia,
por la sola iniciativa del demandante, toda la larga marcha del proceso
ordinario hacia la sentencia definitiva, que crea el título ejecutivo.
Estas
situaciones ocurren principalmente en aquellos juicios basados en documentos
públicos o privados y, en particular, en letras de cambio y documentos
negociables en que consta la obligación de pagar una suma líquida de dinero o
la obligación de entregar una cantidad de cosas fungibles o una cosa cierta
determinada. Procesos éstos, que dados los trámites formales, lentos y
dispendiosos del juicio ordinario, plenan los archivos judiciales y se deciden
al fin en contumacia del demandado
Pues bien,
el nuevo procedimiento permite que intimado el pago al demandado, a falta de
oposición formal de éste, adquiera el decreto de intimación fuerza ejecutiva
con autoridad de cosa juzgada, procediéndose más a la ejecución.
En cambio,
si el intimado tiene alguna objeción o razón seria y fundada que valer, propone
su oposición al decreto de intimación y el asunto continúa por los tramites del
juicio ordinario, abriéndose en ese momento la verdadera contención con la
contestacion de la demanda.
Este solo
aspecto del nuevo procedimiento permite comprender la gran utilidad que tendrá
en la práctica judicial y sus favorables repercusiones en el campo de la
política procesal en cuanto permite desembarazar a los Tribunales de numerosas
causas que ordinariamente plenan los archivos y ocupan la atención del
Magistrado, sin que en ellas exista verdadera contención, pues se desarrollan
en su totalidad en ausencia del demandado, por contumacia de éste.
De modo
que su estructura y funcionamiento no encontrará resistencias en los círculos
profesionales. Sin embargo, se ha
trabajado en la medida necesaria, para que la nueva regulación acoja en lo
posible las formas y prácticas legales vigentes que resultan conciliables con
la nueva regulación del procedimiento de intimación, a fin de hacerlo lo menos
extraño en nuestra vida judicial, cuidando incluso, de que las expresiones
verbales y los conceptos aplicables al nuevo procedimiento se acerquen cada vez
más al tradicional modo de expresarse nuestra ley vigente.
Procedimiento español:
Articulo
812. Casos en que procede el proceso monitorio.
1.
Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda
dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de cinco
millones de pesetas, cuando la deuda de esa cantidad se acredite de alguna de
las formas siguientes:
1.ª
Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en
que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello,
impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente
del deudor.
2.ª
Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o
cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor,
sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de
la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de
deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también
acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos
siguientes:
1.º
Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos
comerciales que acrediten una relación anterior duradera.
2.º
Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades
debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de
inmuebles urbanos.
Articulo
814. Petición inicial del procedimiento monitorio.
1.
El procedimiento monitorio comenzará por petición del acreedor en la que se
expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y
del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y
cuantía de la deuda, acompañándose el documento o documentos a que se refiere
el Articulo 812.
La
petición podrá extenderse en impreso o formulario que facilite la expresión de
los extremos a que se refiere el apartado anterior.
2.
Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será
preciso valerse de procurador y abogado.
Articulo
815. Admisión de la petición y requerimiento de pago.
1.
Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el
apartado 2 del Articulo 812 o constituyeren, a juicio del tribunal, un
principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se
exponga en aquélla, se requerirá mediante providencia al deudor para que, en el
plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o
comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las
razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad
reclamada.
El
requerimiento se notificará en la forma prevista en el Articulo 161 de esta
Ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de
la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el
Articulo siguiente.
2.
En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2.o del apartado 2 del
Articulo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente
designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole
relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere
designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si
tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo
dispuesto en el Articulo 164 de la presente Ley.
Articulo
816. Incomparecencia del deudor requerido y despacho de la ejecución.
Intereses.
1.
Si el deudor requerido no compareciere ante el tribunal, éste dictará auto en
el que despachará ejecución por la cantidad adeudada.
2.
Despachada ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de
sentencias judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en estos
casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no
podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en el
monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere.
Desde
que se dicte el auto despachando ejecución la deuda devengará el interés a que
se refiere el Articulo 576.
Articulo
817. Pago del deudor.
Si
el deudor atendiere el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, se
le hará entrega de justificante de pago y se archivarán las actuaciones.
Articulo
818. Oposición del deudor.
1.
Si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se
resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que
se dicte fuerza de cosa juzgada.
El
escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su
intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, según las reglas
generales.
Si
la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará
respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el
apartado segundo del Articulo 21 de la presente Ley.
2. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera
de la propia del juicio verbal, el tribunal procederá de inmediato a convocar
la vista. Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el
peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un
mes desde el traslado del escrito de oposición, se sobreseerán las actuaciones
y se condenará en costas al acreedor. Si presentare la demanda, se dará
traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los Articulos 404 y
siguientes de la presente Ley.
El procedimiento español limita la cuantía de la
pretensión y es más liberal en cuanto a las pruebas admisibles, pues en varios
de los supuestos ésta puede provenir del propio acreedor, pero en forma similar
al nuestro no exige unas causas específicas de oposición. La doctrina inicial
española se inclina porque la oposición debe ser motivada, pero no existirá una
decisión sobre la oposición, pues interpuesta ésta seguirá el procedimiento
ordinario o verbal, de acuerdo con la cuantía. Esto permite afirmar, a pesar de
la opinión de Montero Aroca y otros autores españoles, que tanto nuestro
procedimiento como el español son procedimientos monitorios mixtos, pues en el
procedimiento monitorio documental, a la manera italiana, la sentencia del
posterior juicio de cognición recae sobre la oposición, como en nuestra ejecución
de hipoteca.
CALAMANDREI(1953): Piero
Calamandrei, El Procedimiento Monitorio.
Ediciones de Cultura Jurídica, Buenos Aires.
Pág. 29:
(...) los hechos
señalados por el actor como fundamento de la demanda; según que estos hechos
resulten de la simple afirmación del actor, o resulten, en cambio, (30) de prueba escrita, el procedimiento
con inversión de la iniciativa del contradictorio se pueden distinguir en las
leyes procesales alemanas en dos tipos diversos, que podemos aquí para
entendernos, denominar respectivamente: a)
procedimiento monitorio puro; b) procedimiento
monitorio documental.
Pág. 30:
a)
El procedimiento monitorio puro en la legislación austríaca
(...) este
procedimiento está limitado (...) al ejercicio de los créditos de valor mínimo.
Los caracteres
más salientes de la estructura procesal de este procedimiento son las
siguientes. En virtud de la simple (31)
petición, escrita u oral, del acreedor, el juez competente libra, sin oír al
deudor, una orden condicionada de pago, dirigida al deudor, con la advertencia
de que el mismo puede hacer oposición dentro del término de 14 días a contar de
la notificación. Si el deudor no hace oposición dentro de ese término, la orden
de pago adquiere fuerza de título ejecutivo, contra el cual no está admitido otro
remedio que la restitución in integrum,
cuando el deudor pruebe no haber podido hacer oposición dentro del término a
causa de un suceso imprevisto o inevitable. Si el deudor hace oposición dentro
del término (y basta a tal fin que declare al juez, oralmente o por escrito,
que hace oposición a la orden de pago, sin
necesidad de aducir los motivos de ello), la orden de pago pierde, por el
solo efecto de tal declaración, toda su fuerza. La proposición de la oposición,
que hace caer la orden de pago emanada sin contradictorio, no basta por sí sola
para abrir el juicio en contradictorio; a tal objeto, es necesaria una nueva
petición del acreedor, presentada en las formas ordinarias, cuando el acreedor
no la haya acumulado, a prevención, con la petición de la orden de pago.
Pág. 32:
(...) legislación alemana
(...) extiende
este procedimiento a los créditos de cualquier valor.
(...) La orden
de ejecución equivale a una sentencia contumacial declarada provisoriamente
ejecutiva; y contra ella, el deudor puede hacer oposición dentro de los mismos
límites en que la oposición está admitida contra las sentencias (33) contumaciales. En caso de que se
proponga oposición contra la orden de pago, u oposición contra la orden de
ejecución, el juicio en contradicción se desarrolla (...) de acuerdo con las
reglas ordinarias de competencia por valor.
Pág. 33:
(...) el juicio
en contradictorio (...) no se dirige a decidir si la orden de pago debe ser
revocada o mantenida, sino a decidir ex
novo sobre la originaria acción de condena, como si la orden de pago no
hubiera sido nunca emitida.
Pág. 34:
b) El procedimiento documental en la
legislación alemana
El llamado
proceso documental del derecho alemán
(...) tiene en común con el proceso monitorio la finalidad de dar vida, con
mayor celeridad que el proceso ordinario, a un título ejecutivo; pero el medio
de que se vale para alcanzar esta finalidad no consiste ya en la inversión de
la iniciativa del contradictorio, sino que consiste en el carácter incompleto
de la (35) congnición, la cual, si
se inicia en las formas ordinarias mediante contradictorio provocado por el
actor, está limitada, en una primera fase del juicio, a las solas excepciones
de rápida solución, con reserva de las otras de más amplia investigación para
una fase ulterior; de suerte que, mientras esta segunda fase del juicio está
todavía pendiente, el acreedor tiene, sin embargo, un título ejecutivo
provisorio (condena con reserva) del
cual puede valerse sin esperar el resultado de la cognición completa.
El procedimiento monitorio documental en la legislación austríaca
Pág. 37:
(...) el
procedimiento monitorio documental difiere notablemente del procedimiento
monitorio puro en dos puntos: 1º, en cuanto, mientras el Zahlungsbefehl [mandato de ejecución del procedimiento monitorio
puro] se libra por el juez en virtud de la simple afirmación no probada del
acreedor, el Zahlungsauftrag [mandamiento
de ejecución del procedimiento monitorio documental] presupone que los hechos (38) constitutivos del crédito sean
probados mediante documentos; 2º, en cuanto, mientras en el procedimiento
monitorio puro la orden de pago pierde su eficacia por la simple oposición no motivada del deudor, en el proceso
monitorio documental la oposición del deudor no hace caer sin más el mandato de
pago, pero tiene, en cambio, el efecto de abrir un juicio de congnición en
contradictorio (...) si (...) éste merece (...) ser, sin embargo, mantenido y
hecho ejecutivo.
Pág. 55:
(...) la
naturaleza del procedimiento monitorio, que tiene la finalidad "de proveer
un título ejecutivo (56) rápido y
poco dispendioso", queda por sí misma claramente definida; el mismo no
sirve para hacer valer contra el deudor un título ejecutivo ya existente, pero
sirve para crear de un modo rápido y económico, contra el deudor, un título
ejecutivo que no existe todavía; por consiguiente, es un procedimiento de
cognición, no de ejecución."
Pág. 216:
En qué puntos el R.D. de 24
de julio de 1922 se separa de esta concepción: los efectos de la oposición en
término
El efecto de la
oposición propuesta en término no es ya aquel comúnmente establecido por las
leyes que aceptan el procedimiento monitorio puro (ley austríaca de 27 de abril
de 1873, § 9; Z.P.O. alemana, § 695; Ordenamiento de Libia, art. 54; Cód. proc.
penal, art. 301), de hacer caer en la nada la inyucción por falta de la
condición suspensiva negativa a que su paso en autoridad de cosa juzgada está
sometido, sino que es el de "suspender la eficacia ejecutiva de la
inyucción, quedando firme el efecto de la pendencia de la litis"; de
suerte que en el juicio en contradictorio que sigue a la oposición, no se
decide directamente sobre el derecho del acreedor, sino que se decide si la
inyucción debe o no mantenerse firme..
Objeto y finalidad del procedimiento por intimación
Montero Aroca (2001,
pág 989-990), refiriéndose al procedimiento por intimación y al de ejecución
cambiaria, expresa:
Finalidad
común a ambos procesos es la protección privilegiada del crédito, ante la
insatisfacción que proporcionan los mecanismos normales del juicio declarativo
ordinario o verbal previsto por la
LEC (ejecución forzosa, ejecución provisional, medidas
cautelares), o la imposibilidad de una tutela que, aunque específica, está
prevista para otros objetos (impugnaciones de acuerdos sociales, protección de
propiedades especiales como la intelectual o la industrial, etc.). Parten ambos
del hecho de preocupación social causada por una determinada clase de
morosidad, puesto que puede afectar al desarrollo económico adecuado de los
países (mercado interior), con repercusión transnacional, ya que el riesgo
económico en el tráfico jurídico-mercantil internacional no debería suponer
mayores riesgos que el nacional.
De ahí
que, en lo que afecta a nuestro ámbito económico mas inmediato, la Unión Europea
esté exigiendo una intervención procesal común y directa frente a
impagados'. No puede decirse que toda la LEC esté pensada como
instrumento que sirve para satisfacer pretensiones fundadas en el derecho
privado, esto es, en el derecho de propiedad y los derechos de crédito, ya que
hay otras pretensiones civiles que ni tutelan, ni pueden proteger la propiedad
o el crédito, como las relativas a las relaciones familiares o
paterno-filiales, o las que afectan al honor de las personas, aunque en muchos
de estos temas alguna relación podríamos encontrar con la propiedad y con el
crédito.
Pero sí es indiscutible que a
través de estos dos procesos, el legislador ha querido encontrar unas vías
específicas, mucho mejores que las ordinarias, para que determinados créditos
puedan encontrar una pronta satisfacción judicial, una tutela jurisdiccional
plenamente efectiva (ari. 24.1 CE), básicamente por la seguridad que
proporciona la rapidez de la tramitación, ya que el tráfico jurídico–mercantil
exige perentoriamente que el acreedor impagado se vea repuesto en su patrimonio
cuanto antes. En aquellas parcelas económicas en las que, por la existencia de
documentos particulares, ello sea posible, es en donde esos medios deben
encontrar su campo idóneo de actuación.
A lo
transcrito añade, como concepto que el proceso monitorio es un instrumento
pensado para crear rápidamente un título ejecutivo sin necesidad de proceso
ordinario previo, con la sola base de que la parte interesada presente ante el
tribunal un documento con el que fundadamente pueda acreditarse una deuda
dineraria vencida, líquida y exigible.
Por lo que
respecta al objeto, Gómez Colomer, expresa:
Pág. 994:
El proceso
monitorio es el adecuado para resolver las pretensiones fundadas en la
exigencia de pago de una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad
determinada, que venga justificada documentalmente conforme a la Ley, y que no exceda de 5.000.000 pts. (art.
812.1 LEC), es decir, unos 30.000 euros (DA 2.ª, 2 LEC).
Su objeto es, por tanto, la
pretensión monitoria, consistente en pedir que el documento que se aporta se
transforme por el tribunal en un título que lleve aparejada ejecución.
Para el legislador, la introducción de
este proceso en España se articula con base en las siguientes consideraciones:
«...Punto clave de este proceso es que con la solicitud se aporten documentos
de los que resulte una buena apariencia jurídica de la deuda. La ley establece casos generales y otros
concretos y típicos. Es de señalar que
la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se complementa
armónicamente con el reforzamiento de la eficacia de los genuinos títulos
ejecutivos extrajudiciales.
Si se trata de los documentos que la ley misma considera base de aquella
apariencia o si el tribunal así lo entiende, quien aparezca como deudor es
inmediatamente colocado ante la opción de pagar o «dar razones», de suerte
que si el deudor no comparece o no se opone, está suficientemerae justificado
despachar ejecución, como se dispone. En
cambio, si se «dan razones», es decir. si el deudor se opone, su discrepancia
con el demandante se sustancia por los cauces procesales del juicio verbal,
según la cuantía de la deuda reclamada... » (EM LEC, XIX, 7 y 8).
Del objeto
indicado se desprenden las siguientes características
a) En
primer lugar, ser un instrumento válido para la protección específica y
privilegiada del crédito desde un punto de vista procesal, pues se permite que
(995) determinados documentos, los
no cualificados, es decir, sin suficientes garantías, pero con acreditados visos
de ser válidos (buena apariencia jurídica), puedan dar lugar a través de un
rápido procedimiento a su inmediata satisfacción judicial, Y ese procedimiento
es el monitorio.
Este
proceso tiene por finalidad, pues, tras declarar el derecho del acreedor,
proporcionarle el título ejecutivo que le permita exigir judicialmente el pago
de la deuda. Esos documentos se enumeran
en el art. 812 LEC, siempre como numerus
apertus por lo que en principio es posible cualquiera, y no sólo la factura
o el albarán típicos, de acuerdo eso sí con los usos mercantiles o civiles
acostumbrados. Ni siquiera se exige
firma del deudor o su autenticación (art. 812. 1, l.ª, LEC), pues pueden
servir los creados conforme a ley o costumbre unilateralmente por el acreedor
(art. 812.1,2.ª, LEC), o cualquier otro documento comercial sin firma (art.
812.2 LEC).
(...)
b) En
segundo lugar, caracteriza al proceso monitorio la ausencia de audiencia
inmediata del deudor, que queda aplazada en el siguiente sentido: La LEC no opta porque el tribunal
dicte directamente sentencia de condena ante el impago del demandado, sino que
prevé la transformación del proceso especial en ordinario si el deudor
demandado se opone (art. 818 LEC), o permite entrar directamente en ejecución
si no comparece (art. 816 LEC). El
proceso monitorio en sentido estricto, si triunfa, es decir, si se crea el
título y se entra en ejecución forzosa, se habrá desarrollado sin ejercicio de
su derecho a la contradicción por el deudor.
Ni que
decir tiene que el que reste deferida la contradicción, no significa que se
suprima, en absoluto, sino que se aplaza.
Por tanto, al existir la posibilidad real de oponerse, el art. 24.1 CE
no queda en modo alguno vulnerado, al igual que ocurre en el proceso cambiario
(capítulo siguiente), o como hemos visto que ocurre en el decretamiento del
embargo preventivo. Recordemos que en el
proceso civil, el principio de contradicción queda cumplido con su
reconocimiento y posibilidad de ejercicio, no con su práctica real.
En
conclusión, el objeto es la pretensión monitorio, dirigida a lograr rápidamente
un título de ejecución, y respecto a la finalidad, observamos una mediata
proporcionarle al acreedor el título ejecutivo que le permita exigir
judicialmente el pago de la deuda, y una mediata, satisfacer la buena marcha de
los negocios, permitiendo un modo rápido de satisfacer las acreencias.
Presupuestos
1.- Demanda de intimación ante el Juez competente
No sólo
porque todo proceso comienza con demanda, sino porque la opción de acudir a
este procedimiento pertenece al actor. El Juez competente está determinado en
el artículo 641 del Código de Procedimiento Civil:
Sólo conocerá de estas demandas, el Juez del domicilio del deudor que sea
competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la
competencia, salvo elección de domicilio. La residencia hace las veces de
domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte.
Exposición de motivos
En
cuanto a la iniciación del procedimiento, ella tiene lugar por demanda de la
parte, la cual debe expresar los requisitos que exige el artículo 340 del Código para todo
libelo. Sin embargo, debe destacarse la innovación consagrada en el artículo 642 del Proyecto,
para los casos en que falte en el libelo alguno de los requisitos expresados en
el citado artículo 340,
en cuyo caso se autoriza al Juez para ordenar al demandante la corrección del
libelo, absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido.
2.-
Pretensión de condena al pago de una suma de dinero líquida y exigible o de
entrega de una cantidad cierta de cosas fungibles, o de una cosa mueble
determinada
Exposición de motivos:
1) Es
aplicable cuando el derecho subjetivo sustancial que se hace valer con la
acción, es un derecho de crédito, esto es, la facultad de exigir de una persona
una determinada prestación; por lo cual el procedimiento de intimación sólo es
aplicable a las solas acciones de condena y no a las mero decarativas ni
constitutivas en el sentido que modernamente da la doctrina a estas
expresiones.
2) El derecho
de crédito debe ser líquido y exigible, a saber, el crédito debe estar
determinado en su monto exacto y no estar diferido su pago por ningún término
ni condición, ni sujeto a otras limitaciones.
3) Puede
aplicarse también para exigir la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles,
entendiéndose este concepto de fungibilidad en su sentido estricto, técnico, de
una cantidad de cosas de la misma especie, las cuales pueden en los pagos
ocupar las unas en lugar de las otras. Queda pues tomada la expresión en su
sentido objetivo, con independencia de la intención de las partes en el caso
concreto (fungibilidad subjetiva), siendo necesario que las cosas sean por su
naturaleza de aquellas que en el tráfico de los negocios están comúnmente
consideradas como sustituibles en los pagos en general.
4) Fuera
de los casos anteriores, también se aplica el procedimiento de intimación,
cuando se persigue la entrega de una cosa mueble determinada, quedando
excluido para los inmuebles.
Sólo para
este grupo de causas. es aplicable el nuevo procedimiento, como lo expresa
claramente el artículo 640 del Proyecto, de modo que el Juez debe abstenerse de
admitir la demanda en todo caso en que la naturaleza del derecho, que se hace
valer con la acción, no corresponda a las indicaciones del citado artículo 640.
Como
corolario a este presupuesto es necesario señalar que no se admitirá la demanda
cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o
condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga
presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la
condición (art. 643 CPC).
Añade
la ley que cuando la demanda se refiere a la entrega de cantidad cierta de
cosas fungibles, el demandante deberá expresar en el libelo, la suma de dinero
que estaría dispuesto a aceptar si no se cumpliera la presentación en especie,
para la definitiva liberación de la otra parte. En este caso, si el Juez
considera desproporcionada la suma indicada, antes de proveer sobre la demanda
podrá exigir al demandante que presente un medio de prueba en que conste el
justo precio o el precio corriente de la cosa. (Artículo 645 CPC)
SENTENCIA 22-3-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR
FRANKLIN ARRIECHE. Rafael José Pinto
contra S.A. de Construcciones y Parcelamientos (Saconpa). Exp. Nº 98-288,
sentencia Nº 64:
La pretensión procesal de la
parte actora, está dirigida a la entrega por parte de la demandada de las 500
acciones de Trujillana de Radiodifusión C.A., y al traspaso de la titularidad
de esas acciones, del demandado a la actora, en el libro de accionistas de esa
empresa. La recurrida, condenó a la parte demandada a efectuar exactamente lo
pretendido en el libelo; esta situación, conduce a la Sala a revisar el criterio
adoptado por la sentencia impugnada, en cuanto a la admisión de una demanda vía
intimación, con la pretensión procesal antes señalada.
El artículo 640
del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
Art. 640: “Cuando
la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de
dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble
determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del
deudor, para que pague o entrega la cosa dentro de diez días apercibiéndole de
ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el
presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté
presente en le República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse o
si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.”
La doctrina
patria, ha definido al procedimiento por intimación o monitorio, como “aquel de
cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga
derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Puede
ésta dirigirse en tal caso al Juez mediante demanda, y el Juez, inaudita altera
parte (sin oír a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al
deudor que cumpla su obligación. Esto debe ser notificado al deudor, y entonces,
o el deudor hace oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento
ordinario, o el deudor no hace oposición dentro del término, y entonces el
decreto pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una
sentencia de condena. (Corsi, Luis, Apuntamiento sobre el Procedimiento por
Intimación. Caracas, 1.986).
La admisión de la
demanda tramitada por el procedimiento por intimación, contempla la exigencia
previa de una serie de requisitos establecidos en el mencionado artículo 640
del Código de Procedimiento Civil, los cuales se justifican plenamente, por
cuanto el decreto de intimación posterior, contendrá una orden efectiva de pago
o entrega de la cosa, que en caso de no mediar oposición, adquirirá el carácter
de un título ejecutivo derivado de una sentencia definitiva.
El procedimiento
por intimación, está diseñado para el cobro o satisfacción de una obligación de
hacer, a través de modalidades taxativas contempladas en el artículo 640 del
Código de Procedimiento Civil, a saber:
a.- El pago de
una suma líquida y exigible de dinero;
b.- La entrega de
cantidad cierta de cosas fungibles; y,
c.- La entrega de
una cosa mueble determinada.
En el caso bajo
estudio, obviamente no se trata del cobro de cantidad de dinero alguna, por
cuanto la pretensión se dirige a la entrega de acciones de una sociedad anónima
y el correspondiente traspaso en el libro de accionistas. En realidad, la parte
actora pretende el cumplimiento de un contrato de venta o cesión de
acciones, a través del procedimiento por intimación. Esta pretensión procesal,
de ninguna manera puede asimilarse al cobro de un crédito líquido y exigible.
La venta de acciones, es un contrato bilateral o sinalagmático, que comporta el
cumplimiento de prestaciones recíprocas por cada una de las partes
contratantes.
En este sentido,
el artículo 643, ordinales 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, señala lo
siguiente:
Art. 643: “EL
Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos
siguientes:
1º Si faltare
alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.
(Omissis).
3º) Cuando el
derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a
menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el
cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.”
(Subrayado de la Sala).
En el caso del
contrato de venta de acciones, es indudable la existencia de una
contraprestación por parte del comprador, que no es otra que el pago del precio
de esas acciones. La parte actora, acompañó como instrumento fundamental de su
demanda copia fotostática del referido documento de venta, cuya nota de
certificación carece de firma por parte del funcionario que presuntamente la
redactó. Sin descender la Sala
a un análisis valorativo del referido instrumento, sino a la revisión de los
aspectos formales de admisión de la demanda por el procedimiento monitorio, es
obvio que los ordinales 1º y 3º del artículo 643 del Código de Procedimiento
Civil, impiden tal admisión, para concederle a la actora, lo que simplemente es
una pretensión de cumplimiento de un contrato de venta.
Ciertamente, como
indica el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, la vía monitoria está
diseñada para el cobro de un crédito, el cual deber ser líquido y exigible. Una
prestación de hacer como la planteada, atinente al traspaso o cesión de
acciones, que deberá cumplir el demandado en el libro de accionistas de la
empresa, no tiene las características antes enunciadas, ni se adecua a los
requerimientos exigidos por el mencionado artículo 640 del Código de
Procedimiento Civil. En otras palabras, la prestación reclamada por la parte
actora en el presente juicio, no podía ser tramitada a través del procedimiento
por intimación.
Siguiendo este
análisis, los artículos 44 y 45 del Reglamento sobre la Operación de las
Estaciones de Radiodifusión Sonora, señalan lo siguiente:
Art. 44: “Se
prohibe ceder o transferir en cualquier forma, total o parcialmente el título
administrativo, los derechos del mismo, o la explotación exclusiva y directa
del Servicio, sin la previa autorización del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.”
Art. 45: “La
venta, donación o traspaso de las acciones de la persona jurídica titular del
Servicio deberá ser autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
cuando ello comporte un cambio en la propiedad de la mayoría absoluta de las
acciones o en el control administrativo, conforme a los estatutos de dicha
persona. En los demás casos, el titular del Servicio deberá participar al
Ministerio las modificaciones realizadas, dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la negociación.”
Los derechos
discutidos en el presente juicio, presentan características especiales, donde
la transferencia de las acciones se encuentra condicionada al cumplimiento de
una serie de requisitos, como la autorización por parte del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones de esa cesión. Sin descender la Sala a opinar en cuanto al
cumplimiento o no de dichos trámites administrativos, simplemente se expresa,
que una obligación sometida a semejante condición legal no podía reclamarse por
el procedimiento por intimación, a menos que se acompañare el medio de prueba
que haga presumir la autorización previa a la aprobación posterior de la venta
por parte del Ministerio de Transporte y Comunicación a que aluden las normas
dichas.
Como ya fue
señalado, el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, ordena al Juez que
niegue la admisión de la demanda por auto razonado, si, entre otras causales,
faltare alguno del los requisitos exigidos en el artículo 640 eiusdem. Es obvio
que en el caso bajo estudio, al intentarse una reclamación que en forma
efectiva pretende el cumplimiento de un contrato de venta de acciones, que
encierra, como todo contrato de venta, prestaciones recíprocas por parte de los
contratantes, así como una particular obligación de hacer por el demandado
referida al traspaso de las acciones en el libro de accionistas, y el
cumplimiento de una obligación sujeta a una condición establecida en la Ley, no se verificaron los
requisitos mínimos de admisión de la demanda, que en el caso particular del
procedimiento por intimación, son presupuestos procesales de indiscutible
cumplimiento.
Todas estas
razones, conducen a la Sala
a casar de oficio sin reenvío el fallo recurrido ya que se hace innecesario un
nuevo pronunciamiento sobre el fondo, y en consecuencia declara la
inadmisibilidad de la demanda incoada por la parte actora, ciudadano Rafael
José Pinto, contra la “Sociedad Anónima de Construcciones y Parcelamientos (Sancopa)”
por infracción directa de los artículos 640 y 641 ordinal 1º del Código de
Procedimiento Civil, anulándose en consecuencia, el mencionado auto de admisión
de fecha 3 de agosto de 1994 proferido por el Juzgado Tercero de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Trujillo, así como todas las actuaciones
posteriores al mismo. Este pronunciamiento no elimina la posibilidad de que
dicha demanda pueda ser intentada por la vía ordinaria adecuada, por
cumplimiento de contrato. Así se decide.
3.- Que el
deudor esté presente en la
República o que haya dejado apoderado dispuesto a
representarlo.
Exposición
de motivos:
Dadas
las características del nuevo procedimiento y la estructura de la notificación
acogida para el decreto de intimación resulta conveniente excluir su aplicación
para los no presentes, pues de aplicarse a éstos, habría necesidad de concebir
un sistema de notificación con plazos muchos más largos y elásticos y no quedaría
bien asegurada en todo caso la efectiva notificación del decreto de intimación,
que tiene tan grave y definitivos resultados.
4.-
Que se acompañe a la demanda prueba escrita del derecho que se alega
Al respecto, la
propia ley establece que son pruebas escritas suficientes para dar lugar al
procedimiento por intimación los instrumentos públicos, los instrumentos
privados, las cartas, misivas, admisibles según el Código Civil, las facturas
aceptadas, las letras de cambio, pagarés, cheques y cualesquiera otros
documentos negociables.
Esposición de motivos
Son
conocidas de todos las circunstancias en que se desarrollan infinidad de
procesos, seguidos por el juicio ordinario, en los cuáles frecuentemente el
demandado no tiene ninguna razón seria que hace valer y se abstiene de
comparecer a la contestación quedando contumaz, continuando en su ausencia,
por la sola iniciativa del demandante, toda la larga marcha del proceso
ordinario hacia la sentencia definitiva, que crea el título ejecutivo.
Estas
situaciones ocurren principalmente en aquellos juicios basados en documentos
públicos o privados y, en particular, en letras de cambio y documentos
negociables en que consta la obligación de pagar una suma líquida de dinero o
la obligación de entregar una cantidad de cosas fungibles o una cosa cierta
determinada. Procesos éstos, que dados los trámites formales, lentos y
dispendiosos del juicio ordinario, plenan los archivos judiciales y se deciden
al fin en contumacia del demandado
Sentencia de la Sala
Político-Administrativa del 18 de marzo de 1998, con ponencia
de la Magistrado Dra. Cecilia Sosa Gómez, en el juicio de C.A.
Serenos Asociados Anzoátegui contra Cadafe, en el expediente Nº 11.302, sentencia
Nº 174:
Como punto
previo esta Sala Político-Administrativa considera necesario señalar que la
presente demanda no debió ser admitida en base al procedimiento por intimación
previsto en el Capítulo II del Título II, Parte Primera del Libro Cuarto del
Código de Procedimiento Civil de conformidad con los ordinales 2º y 3º del
artículo 643 del Código de Procedimiento Civil. Señala expresamente el artículo 643 del
Código de Procedimiento Civil:
“Articulo
643. El juez negará la admisión de la demanda
por auto razonado, en los casos siguientes:
2º)Si no
se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega.
3º)Cuando
el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a
menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el
cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición".
En el presente caso la
parte actora sólo acompañó a su libelo los contratos suscritos con Cadafe y una
experticia contable donde se determina la supuesta deuda de Cadafe por
intereses moratorios y correspectivos y no presentó las facturas canceladas por
Cadafe mediante las cuales se pudiera determinar la procedencia de esos
intereses reclamados. Con la sola
presentación de los contratos lo que queda evidenciado era la existencia de un
derecho (el derecho a recibir una cantidad de dinero) a cambio de una
contraprestación (el prestar servicios de vigilancia) a la cual estaba
subordinada ese derecho. La parte
actora, a su vez, no acompañó prueba alguna que hiciera presumir el cumplimiento
de su contraprestación. Con los contratos
no se puede determinar si la obligación ya es líquida y exigible porque no se
puede determinar de qué manera ambas partes han dado cumplimiento a sus
obligaciones.
En
este sentido ha señalado la Sala
de Casación Civil mediante sentencia de fecha 28 de septiembre de 1994, con
ponencia del Magistrado Alirio Abreu Burelli lo siguiente:
«De
conformidad con el citado artículo 640, la pretensión del demandado debe
perseguir el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de
cantidad cierta de cosas fungibles o una cose determinada.
Ello
significa que el procedimiento por intimación, sólo es procedente cuando se
trate de acciones de condena, en las cuales se persiga el cumplimiento de una
obligación de dar que conste en prueba documental.
La
obligación debe ser líquida y exigible es decir, que el quantum esté determinado o pueda serlo mediante una simple
operación aritmética y, además, que no esté sujeta a condición, plazo o contraprestacíón
alguna.
Además de tales
condiciones de liquidez y exigibles es preciso que el crédito sea cierto, lo
cual significa que no podría usarse el procedimiento por intimación si la
pretensión del actor no existe de manera irrefutable.
Por ello, se exige prueba escrita como
presupuesto procesal de/
procedimiento por intimación, interpretándose
que los documentos a que se refiere el articulo 644 del Código de Procedimiento Civil deben demostrar los hechos constitutivos de la
obligación demandada". (Cursivas
de la
Sala Político-Administrativa).
Dicho lo anterior, se debe
indicar que en virtud de que el presente procedimiento, en definitiva, se
sustanció en base al procedimiento ordinario previsto en el Código de
Procedimiento Civil, procedimiento correcto para resolver la controversia
planteada, esta Sala Político-Administrativa, de conformidad con el artículo
211 del Código de Procedimiento Civil, considera inoficioso declarar la
nulidad del auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha
25 de enero de 1995 y ordenar la reposición de la causa al estado de admitirse
la demanda y, en consecuencia, procede a dictar la sentencia correspondiente
al fondo de la controversia.
Análisis del título ejecutivo
Dado que no se
trata de un verdadero juicio ejecutivo, no se puede calificar de ejecutivo al
título que sustenta la pretensión, pues el proceso está dirigido, tal como lo
indica la exposición de motivos, a una rápida formación del título ejecutivo.
Sin embargo,
ello no obsta para que en algunos supuestos se trate de un título que
utilizado, por ejemplo, en la vía ejecutiva, apareje ejecución, y por la
ausencia de oposición se transformará, para utilizar la denominación de
Podetti, de título ejecutivo a título ejecutorio, equiparable a la sentencia
pasada en autoridad de cosas juzgada.
En todo caso, es
atribución del Juez negar la admisión si el título, o mejor el documento
escrito acompañado al libelo no reune los requisitos para acudir a este
procedimiento; sin embargo, si admite indebidamente la demanda, no puede el
intimado apelar o discutir de alguna manera esta admisión, sino que deberá
oponerse a la intimación para dejar sin efecto el decreto, tal como lo
establece la doctrina de la Sala de Casación Civil:
SENTENCIA
28-10-93. PONENTE DR. ANIBAL RUEDA. NELSON ANTONIO ACOSTA LEON contra
NESTOR PEREZ HERNANDEZ (P.T.)
"(...)
Dentro de dicho juicio ejecutivo la única actuación permitida al intimado es el
de oponerse dentro del lapso previsto, una vez hecha dicha oposición el procedimiento
por intimación deja de existir para proceder a tramitarse por juicio ordinario
oportunidad en la que las partes pueden alegar las defensas que consideren
necesarias.
En el
procedimiento intimatorio, el legislador sólo faculta al Juez (artículo 642 del Código de Procedimiento Civil) para
ordenar al demandante la corrección del libelo, absteniéndose entre tanto de
proveer sobre lo pedido, contra esta resolución podrá interponerse recurso de
apelación el cual se oirá libremente.
Siendo pues, que
sólo el Juez tiene la potestad de solicitar la corrección libelar, con lo cual
se abriría una incidencia, y la parte intimada sólo puede oponerse al Decreto
intimatorio para dejarlo sin efecto, mal podría tramitarse como se hizo en el
caso bajo análisis, una solicitud de nulidad de admisión del escrito de demanda,
incidencia ésta que no está prevista para el procedimiento por intimación.
Órgano jurisdiccional competente
Tal como se
expresó al relacionar los presupuestos de admisión del procedimiento, el
Tribunal competente es exclusivamente el Juez del domicilio del deudor que sea
competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la
competencia, salvo elección de domicilio. La residencia hace las veces de
domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte.
(Artículo 641 CPC).
Admisión e inadmisibilidad de la demanda
Artículo
643
El
Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos
siguientes:
1° Si faltare alguno de los requisitos exigidos
en el artículo 640.
2° Si no se acompaña con el libelo la prueba
escrita del derecho que se alega.
3°
Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o
condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga
presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.
Artículo
647
El
decreto de intimación será motivado y expresará: El Tribunal que lo dicta, el
nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la
deuda, con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que deben ser
entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado
conforme a lo dispuesto en el artículo 645 y las costas que debe pagar; el
apercibimiento de que dentro del plazo de diez días, a contar de su intimación,
debe pagar o formular su oposición y que no habiendo oposición, se procederá a
la ejecución forzosa.
Artículo 648
El
Juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado, pero no
podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante, una
cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda.
Exposición de motivos:
La
falta de estos requisitos, así como de los señalados en el artículo 640, considerados por la
doctrina como presupuestos procesales especiales del procedimiento por
intimación, si bien obliga al Juez a negar la admisión de la demanda, ello no
implica un pronunciamiento sobre el fondo del derecho que se hace valer con la
acción, ni impide al demandante la posibilidad de hacer valer la misma acción
en otro proceso. (...)
Como
el procedimiento de intimación tiende fundamentalmente a la rápida creación del
título ejecutivo, el cual se logra cuando el decreto de intimación ha quedado
sin oposición por parte del intimado dentro de los plazos establecidos, ese
decreto de intimación, que tiene entonces fuerza y autoridad de cosa juzgada,
debe bastarse a sí mismo, en el sentido de que debe contener en sí todos los
elementos que hagan posible la ejecución forzada.
Sentencia
17-6-99. Ponente Dr. Alirio Abreu Burelli. Exp. Nº 98-276 RAFAEL SANTIAGO GONZALEZ
ORTA y otros contra la sociedad mercantil AGROINVERSORA EL GUAMAL, C.A.:
Se puede apreciar, de las reglas legales transcritas,
que el juez de la causa tiene amplias facultades para inadmitir la demanda que
pretende dar inicio a un procedimiento intimatorio, por tanto la Alzada, al negar la
admisión de la demanda por razones diferentes a las establecidas en el artículo
341 del Código de Procedimiento Civil,
no infringió por falta de aplicación dicha disposición legal, ni consiguientemente
el artículo 12 eiusdem, sino que aplicó preferentemente las reglas especiales
del procedimiento por intimación.
Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 26-07-89. Ponente Magistrado Dr. Aníbal Rueda:
"...Por
la naturaleza especial de este procedimiento, el Juez ,deberá hacer un examen
diligente y sumado para la admisión de la demanda de intimación. En dicho
examen, el Juez deberá determinar la satisfacción de las condiciones requeridas
en los artículos 640, 641, 642, 643, 644 y 645 del Código de Procedimiento
Civil. Esas condiciones son: que la pretensión persiga: a) El pago de una suma
liquida y exigible de dinero o; b) La entrega de cantidad cierta de cosas
fundibles (en cuyo caso debe expresarse en dinero la cantidad que se estaría
dispuesto a recibir). (Artículo 645 del Código de Procedimiento Civil), o; c)
La entrega de una cosa mueble determinada; d) Que el derecho que se alega no
está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante
acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la
contraprestación o la verificación de la condición. (Artículo 643 del Código de
Procedimiento Civil), También es necesario: e) Que el deudor se encuentre en
Venezuela o aun encontrándose en el extranjero, haya dejado apoderado a quien
pueda intimarse, que acepte representado (artículo 640 del Código de
Procedimiento Civil); f) Que la demanda se interponga ante un Juez competente
por razón del territorio, del valor y de la materia (artículo 641 del Código de
Procedimiento Civil); g) Que se hayan cumplido en el libelo de demanda los
requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil (artículo 642 del
Código de Procedimiento Civil); h) Que el documento acompañado al libelo de la
demanda sea alguno de los que se enumeran a continuación: instrumento público.
instrumento privado, cada, misiva, admisible según el Código Civil. facturas
aceptadas, letra de cambio, pagarés, cheques, o cualquier otro documento
negociable.
El examen de los puntos
anteriormente expuestos, es previo a la admisión de la demanda e implica el
análisis del libelo y de los instrumentos en que se funda la pretensión.
El
pronunciamiento de admisión o no admisión de la demanda de intimación, tiene
una naturaleza exclusivamente procesal y no implica pronunciamiento alguno
sobre la bondad o no de la pretensión; sino sobre la idoneidad del
procedimiento de intimación para la satisfacción de la misma, en vista de la
constatación previa por el órgano jurisdiccional del cumplimiento de las condiciones
formales y sustanciales establecidas
en los artículos antes mencionados (...).
Pruebas
Artículo
644
Son
pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior: los
instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas, admisibles
según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, pagarés,
cheques y cualesquiera otros documentos negociables.
Ver requisitos de admsibilidad
Medidas Cautelares
El procedimiento
prevé reglas especiales para que se acuerden medidas cautelares:
Artículo
646
Si la demanda
estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o
tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio,
pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a
solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles,
prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados.
En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia
suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las
medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre
los bienes objeto de las medidas.
El término
imperativo "decretará", implica que de presentarse alguno de esos
instrumentos u otros documentos negociables, el juez deberá decretar las
medidas, sin examinar la existencia de los presupuestos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir,
el fumus boni iuris, y el periculum in mora; sin embargo, sólo
podrá decretar el secuestro en los supuestos del artículo 599, pues estos son taxativos,
y respetar en general las características de cada una de las medidas.
Así mismo, al
establecer la norma que en los demás casos podrá exigir que el demandante
afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la
medida, no implica que se pueda decretar con caución el secuestro.
Dichas medidas,
por ser de especial regulación en el procedimiento por intimación quedarán sin
efecto con la oposición, pero para cumplir con la función asegurativa, debe el
Juez examinar y decidir la posterior solicitud de medidas del demandante, antes
de ordenar la liberación de los bienes.
Las reglas
finales, sobre la urgencia de las medidas y que quedan a salvo los derechos de
terceros sobre los bienes objeto de las medidas, son redundantes, pero indican
que no puede haber otras incidencias al respecto, sino que deberá simplemente
el demandado oponerse al decreto.
Sustanciación del procedimiento
Artículo
649
El
Secretario del Tribunal compulsará copia de la demanda y del decreto de
intimación y la entregará al Alguacil para que practique la citación personal
del demandado en la forma prevista en el artículo 218 de este Código.
Artículo
650
Si
buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al Juez,
expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado, y éste
dispondrá, dentro del tercer día, que el Secretario del Tribunal fije en la
puerta de la casa de habitación del intimado, o en la de su oficina o negocio,
si fueren conocidos o aparecieren de los autos, un cartel que contenga la
transcripción íntegra del decreto de intimación. Otro cartel igual se publicará
por la prensa, en un diario de los de mayor circulación, en la localidad, que indicará
expresamente el Juez, durante treinta días, una vez por semana. El secretario
pondrá constancia en el expediente de todas las diligencias que se hayan
practicado en virtud de las disposiciones de este artículo, y el demandante
consignará en los autos los ejemplares del periódico en que hubieren aparecido
los carteles.
Cumplidas
las diligencias anteriores, si el demandado no compareciere a darse por
notificado dentro del plazo de diez días siguientes a la última constancia que
aparezca en autos de haberse cumplido las mismas, el Tribunal nombrará un
defensor al demandado con quien se entenderá la intimación.
SENTENCIA SCC
30-11-00. PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR FRANKLIN ARRIECHE. Exp. Nº 00-194, sentencia Nº 390:
No obstante, la
declaratoria de procedencia de la anterior delación, esta Sala considera que,
resultaría contrario a la celeridad de los juicios y a la economía procesal,
realizar todos los actos tendientes a lograr la intimación, cuando de las actas
procesales pueda constatarse que la parte intimada con su actuación, ya está en
conocimiento de la orden de pago emitida por el juez a través del respectivo
decreto de intimación, con lo cual debe considerarse que el acto logró el fin
para el cual estaba destinado, desde luego que el texto de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, específicamente en sus
artículos 26 y 257, deja claramente evidenciada la voluntad del constituyente
de preservar a toda costa la justicia por encima de cualquier formalidad no
esencial en el proceso y la necesidad de que ésta se imparta sin dilaciones o
reposiciones que en nada contribuyan al alcance de tal fin.
Desde este ángulo considera la Sala que constituiría una
formalidad no esencial y contraria al principio de rechazo a las dilaciones
indebidas, la necesidad de llevar a cabo las gestiones de intimación del sujeto
pasivo en los procedimientos como el de autos, cuando ese sujeto pasivo, por si
o mediante apoderado, ha estado presente en algún acto del proceso o ha
realizado alguna diligencia en el proceso
Esta circunstancia se torna mucho más evidente
si se considera que, según el artículo 649 del Código de Procedimiento Civil,
el alguacil debe practicar "la citación personal del demandado en la forma
prevista en el artículo 218 de este Código" y esa forma prevista en dicho
artículo, es precisamente aquella que debe obviarse si se cumple alguno de los
supuestos del artículo 216 ejusdem, en su único aparte
Fundamentalmente por esa razón, este máximo
tribunal debe apartar la rigidez en cuanto a las formas del proceso, que lejos
de contribuir con el afianzamiento de la justicia y la equidad, señalan el
camino para que estos principios sean irrespetados y pocas veces puedan
lograrse
En virtud de lo antes expuesto, esta Sala
considera acertado reasumir el criterio sostenido en cuanto a la intimación y
específicamente la intimación presunta, plasmado en sentencia de fecha 1º de
junio de 1989, de la cual se pasa a transcribir el siguiente pasaje:
“La intención
del legislador, al establecer el principio de la citación tácita fue la de
omitir el trámite formal de la citación, el cual tiene por objeto poner al
demandado en conocimiento del juicio, o al menos hacer posible que obtenga tal
conocimiento, cuando de las mismas actas del proceso consta, por haber realizado
alguna actuación la parte o su apoderado, que la accionada está enterada de la
demanda contra ella (sic) incoada. Si bien el contenido de la orden de
comparecencia a contestar la demanda en el juicio ordinario es diferente a la
intimación al pago del procedimiento de ejecución de hipoteca, y es diverso el
efecto de la no comparecencia, la parte, o en el caso el apoderado de ella, al
actuar en el proceso toma conocimiento del contenido de la demanda y, en el
caso de la ejecución de hipoteca, de la orden de pago apercibido de ejecución;
por tanto, siendo similar la situación, en cuanto a la constancia en el
expediente de que la demandada conoce de la demanda incoada, la Sala considera que la
disposición del artículo 216 referente a la citación tácita es plenamente
aplicable en el procedimiento especial de ejecución de hipoteca.”
Conforme a la precedente transcripción, los
efectos de la citación presunta son plenamente asimilables a los de la
intimación presunta y en virtud de ello, el supuesto contenido en el artículo
216 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual "...siempre que
resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación han realizado
alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo,
se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda,
sin más formalidad...", resulta aplicable al procedimiento de intimación.
Así se decide
Oposición del intimado
Artículo
651
El
intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su
notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649, a cualquier hora de las
fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192. En el caso del
artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los diez
días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente
indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición
dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Artículo
652
Formulada
la oposición en tiempo oportuno por el intimado o por el defensor, en su caso,
el decreto de intimación quedará sin efecto, no podrá procederse a la ejecución
forzosa y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda,
la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de
las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de
la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites del
procedimiento ordinario o del breve, según corresponda por la cuantía de la
demanda.
No obstante que el procedimiento monitorio mixto
venezolano exige, como el monitorio documental la presentación de prueba
escrita del derecho que se alega, el efecto de la oposición corresponde al
procedimiento monitorio puro, pues formulada la oposición, sin más queda sin
efecto el decreto de intimación.
En relación con
dicha oposición ha establecido la jurisprudencia:
SENTENCIA
26-07-95. PONENTE DR. CARLOS TREJO PADILLA. ESTHER BURGOS DE PEREZ contra
DOMINGO BENJAMIN RIVERA Y OTRA.
"La norma
contenida en el artículo 651 del Código
de Procedimiento Civil, nada dice en relación a la forma que debe cumplir la
oposición para que logre la finalidad que le señala la ley. Por tanto, es
menester acudir al modo en que la ley ha regulado situaciones análogas para
determinar en primer lugar, cuál es la forma que ésta debe adoptar; y, en
segundo lugar, si constituye un elemento esencial para su validez, conforme a
la naturaleza del acto y al propósito que la ley le asigna.
En primer
término, para acercarnos a la naturaleza de la oposición, que puede hacer el
intimado en el procedimiento por intimación, la explicación que da la Exposición de
Motivos del Código de Procedimiento Civil, permite deducir que se trata de un
medio de impugnación previsto para la defensa del intimado. En efecto, en dicha
Exposición de Motivos, se dice:
""Pues
bien, el nuevo procedimiento permite que intimado el pago al demandado, a falta
de oposición formal de éste, adquiera el decreto de intimación fuerza ejecutiva
con autoridad de cosa juzgada, procediéndose sin más a la
ejecución"".
""En
cambio, si el intimado tiene alguna objeción o razón seria y fundada que hace
valer, propone su oposición al decreto de intimación y el asunto continúa por
los trámites del juicio ordinario, abriéndose en ese momento la verdadera contención,
con la contestación de la demanda"".
Es forzoso
concluir del texto antes transcrito, que la oposición abre al intimado la posibilidad
de denunciar la existencia de una irregularidad, que explica su objeción al
decreto intimatorio. Posibilidad, que es una característica común de todos los
medios de impugnación, en los cuales, como dice Devis Echandía, la impugnación
es el género y el recurso la especie.
Enrique Vescovi,
comenta que, en definitiva, además del recurso, se reconoce como medio
impugnativo a la oposición incidental, esto es, la oposición a determinado acto
que origina un incidente (como la demanda incidental de nulidad, por ejemplo);
la propia excepción, que a veces no funciona específicamente como derecho de
contradicción, sino como forma de relevar una nulidad o deducir oposición (como
en el caso de los procedimientos monitorios). Aquí la excepción cumple la
función de un verdadero recurso. También el juicio ordinario posterior a la
sentencia de ciertos procesos sumarios.
Una vez que se ha
precisado que se trata de un medio de impugnación, es necesario ahora aclarar
cuál es el fin que le asigna la ley. Para este propósito basta analizar los
artículos 651 y 652 del Código de Procedimiento Civil, pues su lectura nos
permite afirmar que la finalidad que cumple la oposición es, sin duda, la de
representar en el proceso el mecanismo con el cual el intimado abre la posibilidad
de explanar en la contestación, prevista en el artículo 652
eiusdem, las razones de su rechazo al decreto de intimación.
Pues bien, queda
ahora la necesidad de determinar cuál en orden a su finalidad y naturaleza, es
la forma que debe adoptar para cumplir su propósito. Para ello, como se ha
expresado, es necesario revisar el modo en que la ley ha regulado situaciones
análogas. En este sentido, dicho ya que se trata de un medio de impugnación, es
en éstos donde será posible encontrar cuál es la forma que debe adoptar para
que produzca el efecto deseado por la ley.
Medios de
impugnación como la tacha de documentos y el recurso de casación, tienen en
común, en primer lugar, una oportunidad para su anuncio y una posterior para
formalizar las razones de su ejercicio; en segundo lugar, que la ausencia de su
anuncio y formalización, deja en toda su eficacia la actividad procesal objeto
de su impugnación; y, en tercer lugar, que el anuncio no tiene otras
formalidades que la expresión indubitable de ejercer el medio de impugnación.
Características
que comparte con los medios de impugnación señalados, la oposición del
procedimiento de intimación, pues de los artículos 651 y 652 del Código de
Procedimiento Civil, se infiere, claramente, que si el anuncio del medio de impugnación
no se efectúa o no se contesta en la ocasión señalada, el decreto de intimación
queda en toda su eficacia. Así mismo, que la oportunidad para expresar las
razones de la oposición, esto es, para formalizarla, es la contestación prevista
en el artículo 652. De todo lo cual se
colige, evidentemente, que basta para que la oposición cumpla el fin que le
tiene atribuido la ley, el anuncio que haga el intimado de que se opone al
decreto de intimación, sin que sea necesario expresar las causas en que la
fundamenta, porque este requisito debe cumplirse en la oportunidad de la
contestación y no en el anuncio.
A esta conclusión
llega Ricardo Henríquez La Roche,
cuando afirma en su obra "Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento
Civil", lo siguiente:
""El
procedimiento por intimación varía respecto a los de ejecución de hipoteca y de
prenda en cuanto a los efectos procesales de la oposición, pues i bien en los
tres casos se suspende de inmediato la ejecución, la asunción del procedimiento
ordinario corresponde a etapas
distintas: en los dos primeros "se declarará el procedimiento abierto a
pruebas" (arts. 657 y 663) a raíz de la oposición. Pero según este art.
652, en el procedimiento de intimación "se entenderán citadas las partes
para la contestación de la demanda". Ahora bien, cabe preguntarse quién
contestará la demanda, ¿el ejecutante o el opositor?. La respuesta depende de
qué debe entenderse por la demanda, si la solicitud de intimación al pago o la
oposición. Sostiene la doctrina extranjera que si la oposición se funda en
motivos de fondo, las posiciones respectivas de las partes sobre este tema (la
controversia de fondo), se determinará sobre la base de su respectiva posición
sustancial (inversa a la procesal), en la que el oponente sustancialmente es un
excepcionante. Se dice inversa a la procesal porque el opositor es quien
inaugura el juicio de conocimiento (actuante, actor), y la oposición fija el
programa de debate del mismo, debiendo circunscribirse el fallo al rechazo o
acogida de la pretensión contenida en esa oposición. Así, pues, la demanda
sería la oposición y el sujeto pasivo el pretendiente de ejecución"".
""Sin
embargo, si nos atenemos a la tradición jurisprudencial venezolana, basada en
el juicio de ejecución de hipoteca, habremos de llegar a una conclusión contraria,
pues nuestros tribunales, aun expresando el art. 535 CPCD que "la
oposición se sustanciará por los trámites del juicio ordinario (art. 535 CPCD),
entendieron mayoritariamente que la oposición equivalía por sí misma a una contestación
de la demanda, en la cual debían interponerse de consuno las excepciones de
forma y de fondo. Esta parece ser la solución correcta. Y la avala el contenido
del art. 642, el cual, al calificar como "demanda" la solicitud de
ejecutoria por intimación, da a entender que la contestación mencionada en ese
art. 652 no puede ser otra que la de esa "demanda". Por manera, pues,
que la oposición debe entenderse sólo como anuncio de la contradicción o
rechazo que será formalizado ulteriormente por el demandado-opositor en el
momento de litiscontestación, en forma similar al anuncio y formalización de la
tacha de documentos. La oposición o anuncio de las excepciones produce la
inmediata suspensión de la ejecución, amén del cumplimiento pendiente de medidas
preventivas (art. 646)"
(omissis). En
efecto, el Código de Procedimiento Civil Italiano, regula la oposición al
decreto de intimación, de la siguiente forma:
""645.
Oposición.- La oposición se propone ante el organismo judicial al que pertenece
el juez que ha emitido el decreto, por acto de citación notificado al recurrente
en los lugares a que hace referencia el artículo 638. Simultáneamente el oficial judicial debe
notificar aviso de la oposición al secretario a fin de que tome nota de ella
sobre el original del decreto". (Negrillas de la Sala).
""Como
consecuencia de la oposición, el juicio se desarrolla según las normas del
procedimiento ordinario ante el juez al que se ha acudido; pero los términos de
comparecencia se reducen a la mitad"".
""646.
Oposición a los decretos relativos a créditos de trabajo.- Cuando el decreto ha
sido pronunciado por créditos dependientes de relaciones individuales de trabajo,
dentro de los cinco días a contar de la notificación, el acto de oposición debe
ser denunciado a tenor del art. 430
a la asociación sindical legalmente reconocida a cual
pertenece el oponente"". (Negrillas de la Sala).
""En
tal caso, el término para la comparecencia en juicio corre desde el vencimiento
del vigésimo día siguiente al de la notificación de la oposición"".
""Durante
el curso del término establecido para el intento de conciliación, el oponente
puede pedir por medio de recurso (escrito) al pretor o al presidente la suspensión
de la ejecución provisional del decreto. El juez provee por decreto que, en
caso de ser acogida la instancia, debe ser notificado a la
contraparte"".
""647.
Ejecutoriedad por falta de oposición o por falta de actividad del oponente.- Si
no se ha hecho oposición dentro del término establecido, o no se ha constituido
el oponente, el conciliador, el pretor o el presidente, a instancia aun verbal
del recurrente, declara ejecutivo el decreto. En el primer caso, el juez debe
ordenar que se renueve la notificación, cuando resulte o aparezca probable que
el intimado no ha tenido conocimiento del decreto"". (Negrillas de la Sala).
""Una
vez que se ha declarado ejecutivo el decreto, a tenor del presente artículo, la
oposición no puede ser ya propuesta ni proseguida, salvo lo dispuesto por el
art. 650, y la caución eventualmente prestada queda liberada"".
""648.
Ejecución provisional estando pendiente la oposición.- El juez instructor, si
la oposición no se funda en prueba escrita o de inmediata práctica, puede conceder,
por ordenanza no impugnable, la ejecución provisional del decreto, cuando no se
la haya concedida a tenor del art. 642"". (Negrillas de la Sala).
""Debe concederla en todo caso, si
la parte que la ha pedido ofrece caución para el monto de las eventuales
restituciones, costas y daños"".
""649.
Suspensión de la ejecución provisional.- El juez instructor, a instancia del
oponente, cuando concurran graves motivos, puede suspender la ejecución provisional
del decreto concedida a tenor del art. 642, mediante ordenanza no impugnable.
(Negrillas de la Sala).
""650.
Oposición tardía.- El intimado puede hacer oposición aun después de vencido el
término fijado en el decreto, si prueba que no ha tenido conocimiento oportuno
de él por irregularidades de la notificación o por caso fortuito o fuerza
mayor"". (Negrillas de la
Sala).
""En
este caso, la ejecutoriedad puede quedar suspendida a tenor del artículo anterior"".
""No se
admite ya la oposición una vez transcurridos diez días desde el primer acto de
ejecución"".
""651.
Depósito para el caso de vencimiento.- La oposición a que se refiere el artículo anterior y la oposición contra el decreto
pronunciado en los casos previstos en el art. 642, primer apartado, deben ir
precedidas del depósito de cien liras, si se propone ante el conciliador o el
pretor; de doscientas liras, si se propone ante el tribunal o ante la Corte de apelación. A tal
depósito se aplican las normas relativas al depósito para el recurso de
casación"". (Negrillas de la
Sala).
""652.
Conciliación.- Si en el juicio de oposición se concilian las partes, el juez,
por ordenanza no impugnable, declara o confirma la ejecutoriedad del decreto, o
bien reduce la suma o la cantidad a la establecida por las partes. En este
último caso, queda firme la validez de los actos ejecutivos realizados y de la
hipoteca inscrita, hasta el límite de la suma o cantidad reducida. De la
reducción debe efectuarse anotación especial en los registros
inmobiliarios"". (Negrillas de la Sala).
""653.
Rechazamiento o acogimiento parcial de la oposición.- Si la oposición es
rechazada por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o provisionalmente
ejecutiva, o bien se declara por ordenanza la extinción del proceso, el decreto
que no goce ya de ella adquiere eficacia ejecutiva"". (Negrillas de la Sala).
""Si se
acoge sólo en parte la oposición, el título ejecutivo está constituído exclusivamente
por la sentencia, pero los actos de ejecución ya realizados a base del decreto,
conservan sus efectos dentro de los límites de la suma o de la cantidad
reducida"".
Puede apreciarse
en las normas transcritas, que en el Código Italiano, comentado por la doctrina
citada por el Juez de alzada, la regulación prevista para la oposición al
decreto de intimación, confiere a ésta un carácter distinto, ya que no señalan,
los preceptos copiados, una ocasión específica para que sea formalizada. Por lo
que sí es posible inferir, que es menester su motivación. Especialmente, si
leemos el artículo 653 del Código
Italiano, pues de él, se deduce, sin duda, que la oposición sólo puede ser rechazada
o aceptada en parte, si han sido expresados sus fundamentos.
En consecuencia,
la deducción que puede hacerse en la normativa del Código Italiano, de que es
menester la fundamentación de la oposición para que tenga eficacia, en nuestro
Código, que tiene una regulación diversa, no es posible obtener la misma
conclusión."
En anterior publicación (Abreu y Mejía 2000,
pág. 133), expresamos:
En el derecho italiano se incluye, entre los
medios de gravamen la oposición del contumaz, diferente de la apelación. En Venezuela no existe tal
recurso, por lo cual, a primera vista, los medios de gravamen parecen ser una
clase con una sola especie. Sin embargo, el procedimiento por intimación
constituye un procedimiento monitorio mixto, en el cual la sola voluntad del
intimado provoca la revisión, por el mismo juez, de la controversia planteada
en la demanda o solicitud de intimación, dejando sin efecto el decreto de
intimación.
Si se considera característica necesaria de los
medios de gravamen la apertura de una segunda instancia, no se puede considerar
la oposición a la intimación dentro de esta categoría; pero si se entiende que
la relación con el principio de la doble instancia es una característica
específica de la apelación, y en el derecho italiano de la
oposición del contumaz, se estará en presencia de un nuevo medio de gravamen.fuente:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZFu0BlmRpWIJ:www.venezuelaprocesal.net/intimacion.htm+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=ve
